Los desahucios tras la Ley 37/2011 de Agilización Procesal: para este viaje no hacían falta alforjas

Alberto Torres López

Abogado. Director Jurídico de SEPIN

La reforma introducida por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, es la tercera reforma que, desde la promulgación de la LEC 1/2000, afecta directamente a los juicios de desahucio. Algo no se está haciendo bien cuando un mismo procedimiento judicial es modificado de forma sustancial, hasta en tres ocasiones, en tan corto espacio de tiempo. Es cierto que nos hallamos ante un proceso de gran repercusión social que la crisis económica potencia exponencialmente. Sin embargo, sería conveniente que todos asumiéramos que el problema no es tanto de carácter procedimental como endémico, derivado del deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia, consecuencia, fundamentalmente, de la falta de medios de la que está dotada la misma. Si un Juzgado funciona mal, poco o nada va agilizarse un juicio de desahucio por mucho que se cambien las leyes procesales. Que no se nos hable, por tanto, de desahucio exprés cuando en muchos de estos Juzgados transcurre más de un año desde la presentación de la demanda hasta el efectivo lanzamiento del demandado; poca explicación tiene que desde la presentación de aquella demanda hasta el simple decreto de admisión a trámite de la misma transcurran cuatro o cinco meses. Pero es que, aun desde un punto de vista puramente procesal, la Ley 37/2011 apenas ha supuesto avance alguno. La supresión de las vistas en aquellos desahucios en los que no se formule oposición no va a cambiar el plazo en el que el arrendador va a recuperar la posesión del inmueble.